Con el objetivo de frenar de manera drástica la informalidad que pone en riesgo la vida de miles de viajeros, se ha presentado una propuesta legislativa que busca sancionar con penas de cárcel a las agencias y operadores que presten servicios turísticos de manera ilegal. La iniciativa propone incorporar formalmente al Código Penal el delito tipificado como “Producción de peligro en la prestación de servicio turístico”.
Esta contundente medida legal se impulsa tras los recientes y lamentables accidentes e incidentes de desprotección registrados en diversas rutas de la región Cusco, donde operadores clandestinos e informales abandonaron o expusieron a turistas a situaciones de alta vulnerabilidad en actividades de aventura y alta montaña sin contar con autorizaciones, guías certificados ni equipos de seguridad obligatorios.
Cárcel para la informalidad turística
De aprobarse esta reforma, la legislación peruana no solo sancionará administrativamente con multas o clausuras a los infractores —mecanismos que han resultado insuficientes hasta la fecha—, sino que facultará al Ministerio Público a procesar penalmente a quienes comercialicen y ejecuten traslados, guiados o deportes de aventura de forma clandestina.
Gremios del sector turismo y autoridades fiscalizadoras locales han recibido con expectativa la propuesta, señalando que la tipificación penal servirá como un mecanismo de disuasión indispensable para limpiar la cadena de servicios. Asimismo, recalcaron que esta norma es urgente para proteger la reputación internacional de Cusco y del Perú como destinos seguros, garantizando que la negligencia de falsos empresarios no siga cobrando vidas ni afectando la integridad de los visitantes.
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