FRENTES DE DEFENSA DE URUBAMBA SE VAN CONTRA ALCALDE RONALD VERA
Dirigentes exigen derogar ordenanza vinculada a la 
y cuestionan el manejo municipal del transporte turístico hacia Machupicchu. También solicitan explicaciones sobre presuntos pagos para elaborar la normativa y advierten posibles riesgos de concentración empresarial.
La controversia por la administración de la carretera Hiram Bingham, principal vía terrestre de acceso a la ciudadela inca de Machupicchu, vuelve a generar tensión en la provincia de Urubamba. La denominada Convergencia de los Frentes de Defensa de la Provincia convocó el último miércoles a una rueda de prensa en el Valle Sagrado de los Incas para expresar su rechazo a las disposiciones municipales relacionadas con esta ruta y exigir explicaciones al alcalde provincial, Ronald Vera Gallegos.
Los dirigentes de diferentes organizaciones sociales, sindicatos y gremios manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría tener la normativa municipal en el futuro del transporte turístico. Entre sus principales demandas figura la derogatoria de la ordenanza cuestionada, así como una revisión integral de las decisiones administrativas adoptadas por la Municipalidad Provincial de Urubamba.
Los representantes sostienen que las disposiciones deben garantizar condiciones equitativas para las empresas interesadas en prestar el servicio, evitar ventajas indebidas y proteger los intereses de la población de Machupicchu Pueblo, cuya economía depende en gran medida de la actividad turística.
CUESTIONAN POSIBLES BENEFICIOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE
Uno de los principales cuestionamientos expuestos durante la conferencia está relacionado con la posibilidad de que las disposiciones municipales permitan regularizar la situación de empresas que actualmente operan en la ruta y de otras que buscan incorporarse al servicio.
Los integrantes de la convergencia consideran que las condiciones establecidas deben ser revisadas para determinar si favorecen una competencia efectiva o si podrían facilitar la permanencia de un grupo reducido de operadores en una vía estratégica para el turismo nacional e internacional.
Según las preocupaciones expresadas por los dirigentes, la formalización de empresas mediante autorizaciones o títulos habilitantes debe responder a criterios técnicos, legales y transparentes, sin generar ventajas particulares ni restringir injustificadamente la participación de otros competidores.
En ese sentido, exigieron que la municipalidad explique los alcances de la normativa cuestionada, identifique a los beneficiarios potenciales y precise cuáles serían las condiciones para acceder a la prestación del servicio.
Los representantes también plantearon que las decisiones definitivas sobre la administración de la ruta sean evaluadas con mayor detenimiento, considerando que se trata de un servicio esencial para el desplazamiento de miles de visitantes que llegan diariamente a Machupicchu.
DENUNCIAN PRESUNTO PAGO DE 10 MIL DÓLARES
Otro de los puntos que generó preocupación durante la rueda de prensa fue la afirmación de una representante de los frentes de defensa sobre un supuesto desembolso de 10 mil dólares por parte de la municipalidad para la elaboración de la ordenanza.
La dirigente cuestionó que, pese a las observaciones formuladas sobre la normativa, no se hayan ofrecido respuestas satisfactorias a las inquietudes planteadas por las organizaciones involucradas.
Esta afirmación constituye un señalamiento que requiere documentación para establecer el monto efectivamente desembolsado, la naturaleza del servicio contratado, la identidad de los responsables de su elaboración y la existencia de informes técnicos y legales que sustenten el gasto.
Por ello, los dirigentes demandan transparencia sobre el procedimiento seguido y consideran necesario que la comuna provincial haga públicos los antecedentes administrativos relacionados con la elaboración y aprobación de las disposiciones.
La documentación permitiría determinar si los recursos públicos fueron utilizados conforme a las normas de contratación y si el producto elaborado cumplió con los requisitos técnicos y jurídicos correspondientes.
Hasta que se presenten los documentos que sustenten la denuncia, el presunto pago y las circunstancias señaladas deben ser objeto de verificación. No corresponde establecer responsabilidades individuales sin una evaluación documentada de los hechos.
LICITACIÓN DE LA RUTA TAMBIÉN ESTÁ BAJO CUESTIONAMIENTO
La controversia no se limita a la ordenanza. También comprende el procedimiento para entregar en concesión el servicio de transporte turístico terrestre en la ruta de acceso a la Llaqta de Machupicchu, conocida como Hiram Bingham.
La Municipalidad Provincial de Urubamba aprobó en octubre de 2025 la convocatoria a la licitación pública de esta ruta mediante un acuerdo de concejo. Posteriormente, en enero de 2026, aprobó los lineamientos para desarrollar el procedimiento.
El proceso avanzó hasta la convocatoria pública del 30 de marzo de 2026, cuando se publicaron las bases y el cronograma correspondiente. Sin embargo, durante su desarrollo surgieron cuestionamientos de naturaleza técnica, legal y procedimental.
El 18 de mayo, el comité especial dispuso la suspensión temporal del procedimiento. Posteriormente, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 137-2026-MPU/C, del 17 de junio de 2026, la municipalidad declaró la nulidad de oficio de actuaciones relacionadas con la conformación del comité especial, debido a vicios administrativos identificados en el procedimiento.
Esta situación incrementó las interrogantes sobre la conducción del proceso y la capacidad de la administración municipal para establecer un mecanismo definitivo, transparente y jurídicamente sólido para la prestación del servicio.
Los cuestionamientos planteados por los frentes de defensa se producen, por tanto, en un escenario en el que la municipalidad debe explicar las decisiones adoptadas, las razones que motivaron la nulidad y las medidas previstas para garantizar la continuidad del transporte sin comprometer la legalidad de las autorizaciones.
ABOGADO ADVIERTE SOBRE POSIBLES RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA
Durante la conferencia, el abogado Beckel Machuca cuestionó los alcances del Decreto Supremo N.° 010-2026-MTC y advirtió sobre los posibles efectos que, desde su perspectiva, podría tener su aplicación en la competencia entre las empresas de transporte turístico.
El especialista sostuvo que deben protegerse los derechos de los operadores y evitar que las disposiciones relacionadas con la continuidad del servicio terminen favoreciendo una concentración empresarial.
Asimismo, planteó que las empresas que actualmente prestan el servicio puedan continuar operando durante un periodo de transición de dos años, con el propósito de evitar interrupciones que perjudiquen a los turistas y afecten la dinámica económica de Machupicchu Pueblo.
Sin embargo, es necesario precisar que el Decreto Supremo N.° 010-2026-MTC, publicado el 8 de abril de 2026, modifica una disposición transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte para permitir la continuidad del servicio de transporte turístico terrestre. Su existencia no demuestra, por sí sola, que se haya establecido un monopolio en la ruta Hiram Bingham.
Para determinar sus efectos concretos, corresponde examinar el texto íntegro de la norma, sus requisitos de aplicación y la situación administrativa de cada operador involucrado.
En ese contexto, el debate jurídico se centra en establecer cómo deben armonizarse las disposiciones nacionales con las competencias de los gobiernos locales, las condiciones de acceso al mercado y la obligación de garantizar un servicio seguro, eficiente y continuo.
MACHUPICCHU EN EL CENTRO DE LA DISPUTA
La carretera Hiram Bingham constituye una infraestructura estratégica para el funcionamiento del principal destino turístico del país. Por esta vía circulan los vehículos que trasladan a los visitantes entre Machupicchu Pueblo y la zona de acceso a la ciudadela inca.
Cualquier modificación en el sistema de transporte puede tener consecuencias para las agencias de turismo, los establecimientos de hospedaje, los restaurantes, los trabajadores vinculados al sector y los miles de visitantes que dependen de este servicio.
Por ello, los dirigentes consideran que las decisiones municipales no deben adoptarse únicamente desde una perspectiva administrativa, sino que deben evaluar sus repercusiones económicas y sociales.
La discusión también involucra la necesidad de establecer condiciones claras para las empresas interesadas en operar, mecanismos de fiscalización efectivos y estándares de seguridad que permitan brindar un servicio adecuado a los pasajeros.
Una regulación que no garantice reglas claras puede generar incertidumbre entre los operadores y afectar la planificación de la actividad turística. Del mismo modo, una competencia sin controles suficientes podría comprometer la calidad y seguridad del transporte.
El desafío de las autoridades consiste en establecer un modelo de administración que concilie la legalidad, la competencia, la continuidad del servicio y la protección de los usuarios.
FRENTE COMÚN Y EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA
Durante la rueda de prensa, los representantes de las organizaciones anunciaron que continuarán articulando esfuerzos para consolidar una posición conjunta frente a las decisiones que se adopten sobre la ruta.
La convergencia busca involucrar a diferentes sectores sociales y gremiales en el seguimiento del caso, con el propósito de exigir información documentada y evitar que las decisiones administrativas se desarrollen sin suficiente fiscalización pública.
Entre sus principales demandas figuran la derogatoria de la ordenanza cuestionada, la revisión de las disposiciones vinculadas con el transporte turístico, la explicación del presunto gasto de 10 mil dólares y la publicación de los informes técnicos y legales que sustentan las decisiones municipales.
Asimismo, plantean que las autoridades evalúen las alternativas para garantizar la continuidad del servicio y evitar que los conflictos administrativos deriven en perjuicios para la población y los visitantes.
La principal preocupación de los dirigentes es que el proceso se resuelva sin generar ventajas particulares ni comprometer los intereses económicos de Machupicchu Pueblo.
MUNICIPALIDAD DEBE RESPONDER A LOS CUESTIONAMIENTOS
Los cuestionamientos de los frentes de defensa colocan nuevamente bajo escrutinio la gestión del alcalde Ronald Vera Gallegos y la conducción municipal del transporte turístico hacia Machupicchu.
Ante la importancia de las denuncias, corresponde que la Municipalidad Provincial de Urubamba precise cuál es la situación jurídica de la ordenanza cuestionada, qué medidas adoptará frente a los reclamos y cuál es el estado actual del procedimiento para definir la concesión del servicio.
También resulta necesario que la comuna explique documentalmente el gasto señalado por los dirigentes y detalle las acciones previstas para garantizar la transparencia de las decisiones administrativas.
La publicación de los informes, contratos, resoluciones y demás antecedentes permitiría contrastar las afirmaciones de las organizaciones con la documentación oficial y ofrecer a la ciudadanía una visión completa del conflicto.
La controversia exige respuestas institucionales y una solución sustentada en criterios técnicos y jurídicos. Mientras continúen las interrogantes sobre la regulación de la ruta, la competencia entre operadores y el futuro de la concesión, la administración del transporte turístico seguirá siendo un asunto prioritario para Urubamba y Machupicchu.
El desenlace tendrá repercusiones que van más allá de una disputa entre autoridades y gremios: estará relacionado con la confianza pública, la seguridad de los pasajeros y la sostenibilidad de una actividad económica fundamental para la región Cusco.
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