Una denuncia constitucional fue presentada ante el Congreso contra el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, por sus actuaciones frente a magistrados. Los promotores solicitan que, de comprobarse las imputaciones, se disponga su suspensión e inhabilitación para ejercer función pública hasta por diez años.
El documento fue presentado por la senadora Mirtha Vásquez, la diputada Indira Huilca, ambas de Ahora Nación, y el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú. Sostienen que, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Rospigliosi promovió procedimientos disciplinarios ante la Junta Nacional de Justicia contra siete integrantes del sistema judicial: seis jueces y una fiscal.
Entre los magistrados mencionados figuran Richard Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz y Miluska Cano López. Según la denuncia, las acciones estuvieron vinculadas a decisiones judiciales que inaplicaron las leyes 32107 y 32419, referidas a la prescripción de delitos de lesa humanidad y a la amnistía para miembros de las fuerzas del orden.
Los parlamentarios consideran que estas actuaciones y declaraciones atribuidas al senador podrían afectar la independencia judicial, la separación de poderes y las garantías de los magistrados. Por ello, invocan presuntas vulneraciones de los artículos 43, 44, 138, 139 y 146 de la Constitución.
La solicitud plantea que la Comisión de Acusaciones Constitucionales admita la denuncia, investigue los hechos y determine si corresponde formular una acusación ante el pleno del Congreso. La eventual sanción dependerá del procedimiento y las pruebas.
La presentación no constituye una declaración de responsabilidad. Rospigliosi mantiene el derecho a ejercer su defensa y corresponderá a las instancias competentes determinar si existieron infracciones constitucionales.
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