En Chuschi, Ayacucho, donde comenzó esta intervención, 805 hogares recibieron por primera vez el incentivo monetario de Juntos.

Lo que entonces fue una experiencia focalizada se convirtió, con los años, en una intervención de alcance nacional que hoy acompaña a más de 792,000 hogares. La evidencia se refleja en resultados concretos. Actualmente, más de 1.5 millones de miembros objetivo –es decir, gestantes, niños y adolescentes– cumplen sus corresponsabilidades en salud o educación. En junio de 2026, más de 87,000 niños menores de 12 meses accedieron al paquete integrado de salud; y en educación, más de 1.1 millones de estudiantes cumplen sus corresponsabilidades. Estos resultados deben leerse a la luz de la evidencia acumulada. Un estudio global elaborado por Unicef destacó los avances del Perú en la reducción de la pobreza infantil multidimensional durante las últimas dos décadas, gracias a intervenciones como la de Juntos.

Esta evidencia, sumada a la experiencia acumulada, sustentó el rediseño de la intervención en 2020. Una de sus principales innovaciones fue el establecimiento de transferencias diferenciadas, vinculadas a distintas etapas y necesidades de los hogares. Este cambio permitió ampliar el acompañamiento hacia nuevas etapas de la vida y nuevas oportunidades.

Así surgió la estrategia para promover el acceso a la educación superior, logrando, entre 2020 y 2025, que más de 21,000 jóvenes provenientes de hogares usuarios ingresen a diversas universidades del país. Para las usuarias se implementó el Plan Mi Independencia Económica, iniciativa que promueve el emprendimiento y busca ampliar las oportunidades de generación de ingresos con el objetivo de lograr una mayor autonomía financiera.

Después de veintiún años, Juntos mantiene la misión con la que comenzó su historia en Chuschi, pero también ha incorporado nuevos desafíos: contribuir a la reducción de la anemia y la desnutrición, acompañar a los adolescentes en el tránsito hacia la educación superior y promover que más usuarias desarrollen emprendimientos. La diferencia es que ahora contamos con más experiencia y evidencia para orientar nuestra intervención. El objetivo sigue siendo el mismo: que la pobreza no determine el futuro de ningún niño.

La Contraloría General de la República identificó situaciones adversas en las municipalidades distritales de Pallpata, Suyckutambo, Coporaque y Alto Pichigua, provincia de Espinar, relacionadas con el registro y remisión oportuna de información sobre el peligro inminente por escasez de agua previsto para el periodo de lluvias 2026-2027.

Según los informes de control, esta falta de información podría limitar el monitoreo del riesgo, dificultar la adopción de medidas oportunas y la asignación de recursos presupuestales, y comprometer la atención de la población expuesta a un riesgo calificado como muy alto.

Mediante los Informes de Orientación de Oficio N.os 056-2026-OCI/0387-SOO, 057-2026-OCI/0387-SOO, 058-2026-OCI/0387-SOO y 059-2026-OCI/0387-SOO, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos entre el 13 de agosto y el 7 de setiembre de 2026, la Contraloría advirtió que las municipalidades no vienen registrando ni remitiendo oportunamente, a través del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), la información relacionada con el peligro inminente por déficit hídrico.

En Pallpata, se registró una demora de 22 días en la gestión del acceso al sistema informático. En Suyckutambo, la municipalidad atribuyó el incumplimiento a la falta de personal técnico calificado para realizar los registros. En Coporaque y Alto Pichigua, las fichas de peligro inminente permanecían pendientes de envío y no contaban con el sustento técnico correspondiente. Asimismo, Alto Pichigua reportó un avance de 0,00 % en la ejecución del presupuesto asignado para atender emergencias.

De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), los gobiernos locales tienen la responsabilidad de ejecutar acciones de preparación y respuesta, así como registrar permanentemente la información sobre peligros inminentes en el aplicativo SINPAD. En este caso, el déficit hídrico identificado en las cuencas se encuentra asociado a las condiciones generadas por el Fenómeno El Niño.

La omisión o demora en el registro de esta información técnica contraviene dichas disposiciones, debido a que limita la capacidad de las entidades para coordinar y adoptar oportunamente medidas de respuesta, así como para brindar asistencia humanitaria a la población afectada o expuesta a situaciones de emergencia y desastre.

El informe también advierte que las municipalidades postergaron la habilitación de accesos al sistema o la contratación de personal idóneo, retrasando la respuesta frente al Estado de Emergencia Hídrica establecido mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM. Asimismo, tres distritos no atendieron las alertas formuladas en informes de control anteriores, en los que se advertía que no contaban con planes específicos de gestión del riesgo de desastres ni con almacenes para bienes de ayuda humanitaria.

Según la Contraloría, estas situaciones adversas permanecen sin ser corregidas, pese a que el plazo máximo establecido para su atención ya venció. Los hechos advertidos podrían limitar la capacidad de respuesta de las municipalidades frente a la escasez de agua y afectar la atención oportuna de las poblaciones expuestas a riesgo ante las consecuencias del Fenómeno El Niño.

Ante las situaciones identificadas, la Contraloría General de la República recomendó poner los informes en conocimiento de los titulares de las municipalidades distritales de Pallpata, Suyckutambo, Coporaque y Alto Pichigua, a fin de que dispongan la adopción de las acciones preventivas y correctivas que correspondan.