La Municipalidad Provincial de Urubamba se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión del proyecto de ordenanza que busca establecer un régimen transitorio para el servicio de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, la vía estratégica que conecta Machupicchu Pueblo con la emblemática ciudadela inca. La propuesta normativa viene recibiendo serias observaciones debido a las nuevas condiciones técnicas y legales que pretende implementar, las cuales, según expertos del sector, carecen de un sustento jurídico sólido.
El principal punto de conflicto radica en que el proyecto busca convertir en obligaciones generales las condiciones exclusivas bajo las cuales funcionó la anterior concesión. Juristas y gremios del sector han advertido que esta medida incurre en un grave error conceptual, dado que una concesión y una autorización son figuras legales totalmente diferentes. Mientras la primera otorga un derecho exclusivo regulado por un contrato específico, la segunda responde a un régimen administrativo general al que cualquier operador que cumpla la ley debería poder acceder de manera equitativa.
Asimismo, la propuesta municipal incorpora de manera intempestiva nuevos requisitos y un complejo sistema de evaluación y selección de operadores. Diversos actores del turismo regional señalan que este mecanismo carece de criterios objetivos y de un sustento legal expreso, lo que abre la puerta a la arbitrariedad, la falta de transparencia y a posibles ventajas indebidas en un mercado altamente competitivo.
Frente a este escenario de incertidumbre, diversos sectores técnicos y empresariales están planteando formalmente que la Municipalidad Provincial de Urubamba paralice la aprobación del proyecto para someterlo a una revisión integral. La exigencia hacia el concejo municipal es clara: se deben precisar con exactitud las condiciones, requisitos y procedimientos que serán aplicables al transporte turístico en esta ruta, garantizando la libre competencia, el marco constitucional y la seguridad de los miles de visitantes que usan esta vía diariamente.
De no corregirse estos vacíos, la ordenanza no solo arrastraría vicios de ilegalidad que la harían vulnerable a impugnaciones en los fueros judiciales o ante el Indecopi por barreras burocráticas, sino que además podría poner en riesgo la predictibilidad operativa del principal destino turístico del Perú.
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