La permanencia de Josué Gutiérrez Cóndor al frente de la Defensoría del Pueblo ha entrado en su escenario más crítico. En una acción política conjunta, cuatro bancadas del recién instaurado Senado de la República presentaron formalmente una solicitud de remoción inmediata por la causal de falta grave en el ejercicio de sus funciones. El documento, que ingresó por mesa de partes con carácter de urgente, busca apartar al polémico funcionario de una de las magistraturas de persuasión más importantes del Estado peruano.
La iniciativa legislativa cuenta con el respaldo y las firmas de los portavoces de las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. Los parlamentarios firmantes coinciden en que la gestión de Gutiérrez ha cruzado una línea de «infringimiento e idoneidad moral», afectando severamente la legitimidad, autonomía e imparcialidad que constitucionalmente caracterizan a la Defensoría del Pueblo.
Los fundamentos de la acusación
El extenso documento acusatorio se sostiene sobre tres pilares fundamentales que, a criterio de los senadores demandantes, configuran una «actuación abiertamente negligente»:
- Declaraciones contra el orden constitucional: Se cuestionan con severidad las recientes opiniones públicas de Josué Gutiérrez, en las cuales deslizó posturas favorables e interpretaciones normativas ajenas a la Carta Magna respecto a una eventual disolución o cierre del Congreso de la República. Para los legisladores, estas afirmaciones rompen el principio de neutralidad y atentan contra el equilibrio de poderes.
- Designaciones e irregularidades contractuales: La moción incorpora los hallazgos detallados de los recientes informes de control emitidos por la Contraloría General de la República. Dichas auditorías revelaron el nombramiento de personal de confianza que no cumplía con los perfiles mínimos requeridos por ley, así como la adjudicación de contratos de consultoría bajo sospecha de direccionamiento.
- Desmantelamiento de áreas clave: Se acusa al defensor de haber debilitado de manera sistemática las oficinas adjuntas encargadas de la supervisión de los derechos humanos, los conflictos sociales y los derechos de los pueblos indígenas, priorizando una agenda de naturaleza política partidaria antes que la defensa del ciudadano.
El camino hacia la destitución en el Pleno
De acuerdo con el reglamento interno de la Cámara Alta, el documento será derivado de manera inmediata a la Comisión de Procedimientos Especiales. Este grupo de trabajo será el encargado de evaluar los argumentos de las bancadas y notificar formalmente a Josué Gutiérrez para que ejerza su derecho a la defensa, ya sea de forma escrita o presencial, en un plazo máximo que no excederá los 30 días hábiles.
Posteriormente, la comisión emitirá un informe final que será elevado al Pleno del Senado para su debate y votación definitiva. Al tratarse de una alta dignidad del Estado, la valla para su destitución es alta: se requerirá el voto a favor de los dos tercios del número legal de miembros, lo que equivale a 40 de los 60 senadores que integran la cámara legislativa. Voceros de las bancadas promotoras señalaron que ya se encuentran en conversaciones con otros bloques del Parlamento para asegurar los votos necesarios y poner fin a lo que denominan una «gestión insostenible».
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