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¿ES POSIBLE OTROS MODELOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?

Pensamos en la municipali­dad y se nos viene a la ca­beza una estructura organi­zativa plagada de personas, oficinas, ajetreos, pérdida de tiempo, favores y rela­ciones casi personales, pero ¿esto siempre tiene que ser así?

¿Qué pasaría si, tal cual al­gunas corporaciones, las municipalidades entregarían su funcionamiento administrativo a empresas priva­das? De eso trata el presente artículo.

Es fácil ver cómo las municipalidades contratan em­presas para realizar obras, ¿qué pasaría si es que solicitamos a empresas la provisión, por encargo, de servicios como la recaudación, las licencias, partidas de nacimiento, etc.? En principio esta propuesta causa miedo, porque estamos tan habituados a coexistir en un medio en el que conducirnos bajo preceptos de fa­voritismos, sobornos y dádivas forman parte de nues­tra vida habitual. Y todo ello tiene sentido, porque, como población, nos libra de hacer bien las cosas y en el marco de la legalidad situaciones que requieren ciertos comportamientos más exigentes. Para obtener una licencia de funcionamiento es más sencillo pagar un soborno y obtener el permiso, en vez de hacer bien las cosas y reunir todos los requisitos. Es más sencillo dar una dádiva al policía y librarnos de todo el pape­leo, costes, tiempos para levantar alguna infracción.

No quiero decir tampoco que las empresas, al menos en el Perú, estén libres de corrupción y sean la me­jor alternativa a un modelo estadual que “hace agua”, sino que en algunos procesos de la administración pú­blica es importante revisar alternativas y maneras en las que se reste omnipotencia a la burocracia, que después de todo, con el poder investido asume, casi siempre, un papel monopólico que arrastra al ciuda­dano a una inexorable única opción.

Formularé algunas preguntas sencillas para adentrar al lector en respuestas tácitas que busquen afirma­ciones interiores y propias, evitando así una mani­pulación de parte mía. ¿No sería más sencillo que el área de caja en las municipalidades pudiese ser asu­mida por bancos, teniendo los usuarios la posibilidad de pagar en decenas de sitios? ¿No sería mejor a los ciudadanos que los procedimientos de inspecciones fueran realizadas por entidades privadas, teniendo así un número mayor de entidades a las que acudir con­siguiendo estas acortar los tiempos en trámites? ¿No sería mejor que los servicios de defensa y promoción de derechos como los que son prestados por las De­munas fueran ejecutadas por estudios de abogados expertos en resolver y ayudar en estos casos? ¿No sería más lógico que los programas de apoyo empre­sarial, asesoría productiva, marketing, articulación de mercados y capitalización que son prestados por las municipalidades deberían ser tercerizadas a empresas expertas y con trascendencia en estas materias para así conseguir mejores resultados en los productores locales?

Quizá bajo una mirada general lo que propongo suene a algo inverosímil, pero el lector sabrá que existen muchas experiencias en las que el Estado ha entrega­do servicios a la gestión privada y van consiguiendo resultados favorables, este es el caso del Hospital de la Solidaridad, que, ciertamente, no es un modelo pri­vado puro, pero puede notarse los cambios que se le imprime a los estándares de los servicios cuando el sector empresarial se involucra.

Cuando la empresa está presente en los servicios colectivos, la administración pública debe retomar y fortalecer su capacidad de supervisión y vigilancia, además de permitir también que la civilidad recepto­ra de los servicios pueda involucrarse en los mismos. Estos modelos permiten la recreación de nuevos eco­sistemas institucionales. Nada cuesta intentarlos, al menos en un momento de la historia en la que hemos perdido toda la credibilidad sobre el rol del Estado.

Ecom: Igor Elorrieta Agramonte

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