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Gobierno de Uruguay no aceptó el pedido de asilo de Alan García

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa. El expresidente peruano cumplió dos semanas viviendo en la residencia del embajador de ese país en Lima

“No hemos concedido el pedido de asilo […] porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político”, dijo Vázquez.

Por su parte, el canciller Novoa añadió: “El gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú”.

En consecuencia, dieron instrucciones al embajador de Uruguay y se comunicaron con el canciller del Perú, Néstor Popolizio, para que inviten a “Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática”. Asimismo, indicaron que se comunicarán con el gobierno peruano a través de su Cancillería y emitirán un decreto presidencial oficial.

Abandonó la embajada de Uruguay
El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Néstor Popolizio, informó a RPP Noticias que el expresidente ya abandonó la residencia del embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros.

“El embajador Carlos Barros me comunicó que Alan García ya se retiró de la embajada”, indicó. Además, indicó que el gobierno de Tabaré Vázquez tomó en consideración la información brindada por el gobierno peruano para tomar la decisión del pedido de asilo.

En vísperas, García cumplió dos semanas viviendo en la residencia del embajador de Uruguay en Lima desde el sábado 17 de noviembre, cuando presentó la solicitud de asilo diplomático a las pocas horas de que un juez le impidiese abandonar Perú por 18 meses para asegurar su presencia en el proceso.

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